Dice la Constitución que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. La generalidad de los ciudadanos conoce ese derecho constitucional y de seguro que puestos ante un procedimiento penal la argüiría de inmediato. Sin embargo, la sociedad se manifiesta con frecuencia cruel e implacable con las personas detenidas o encausadas. Es verdad que lo normal es que el detenido por la Policía sea responsable del delito del que se le acusa, pero no es menos cierto que, a veces, la autoridad yerra el tiro y detiene a quien no es culpable.
Es frecuente ver como la masa, cobardona de común, se aposta frente a la casa del detenido para gritarle improperios e incluso hacer ademán de agredirle cada vez que entra o sale acompañado de los agentes. Las televisiones retransmiten las imágenes de individuos esposados con la cara cubierta por cualquier prenda que son empujados hacía el coche mientras la gente les dice de todo. Los comentaristas y tertulianos se lanzan a llenar horas de emisión con poco o nulo conocimiento de los hechos que se esfuerzan en explicar. En definitiva, un linchamiento puro y duro.
Pero, como escribía antes, no siempre el detenido es culpable. No quiero decir con esto que quien en última instancia resulta culpable merezca el castigo de la conocida como “pena de telediario” o “de banquillo”, no. Se trata de que el detenido es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esa máxima deberíamos de grabárnosla todos en lo más profundo de nuestro subconsciente. El culpable tiene -o debe tener- la pena que merece su conducta y con eso debe ser suficiente. Esos comportamientos, esas condenas previas, sin juicio ni jurado, son aún más inapropiados e injustos cuando el supuesto culpable es en realidad inocente. ¿Cómo se compensa el sufrimiento ocasionado, las ofensas recibidas, el descrédito soportado?
El caso de supuesta violación durante la feria de Málaga del pasado agosto llevó a cinco jóvenes a ser injustamente detenidos y privados de libertad. Los responsables políticos ya se habían anotado la detención como muestra de la extraordinaria eficacia de la Policía, la prensa se había lanzado sobre los detenidos sin dudar un segundo sobre su culpabilidad y los desocupados se habían colocado en la puerta de la Ciudad de la Justicia para salir en los informativos diciendo barbaridades. Afortunadamente para los detenidos, una grabación y varios testigos pusieron de manifiesto que los abusos no habían sido tales, sino que se trataba de una relación consentida.
Señores políticos, agentes policiales, comunicadores de los medios, la presunción de inocencia es un principio de la Justicia que no acaba en llamar supuesto tal o cual al detenido, con el fin de evitar demandas por daños morales; es más una actitud de respeto hacia el detenido que aún no se ha demostrado culpable, una expresión de racionalidad cívica al reconocer que con la imposición de la pena al declarado culpable ya es suficiente. El oprobio, el cepo, la vergüenza pública está de más a estas alturas.